Esta semana, el debate político se centró, en el proyecto de ley que rebajaría a 40 horas la jornada laboral, como era de esperar, las voces se alzaron desde todos los sectores, desde el gobierno, lo primero, fue recurrir al bien ponderado caballito de batalla, sobre las consecuencias apocalípticas que tendría dicha medida en la economía nacional, lo cierto es que no existen antecedentes que sustenten dicho argumento, las últimas modificaciones en la materia, en el año 2001, donde se rebajaron de 48 a 45 horas, no afectó, ni menos incidió negativamente en el crecimiento o economía del país.
Tampoco existe ninguna constatación internacional empírica que sustente la teoría del oficialismo, Chile es de los países que más horas trabaja semanalmente, el promedio de la OCDE, es de 38 horas. Esta irrefutable realidad junto con la precaria calidad de vida del chileno promedio, pareció incidir en los ciudadanos, y es así como CADEM, informó que el 74% estaban de acuerdo con la rebaja.
Ante este escenario, la segunda carta del gobierno, fue la amenaza de recurrir ante el TC, asegurando que dicha ley sería inconstitucional. ¿Basado en qué?, según el ejecutivo, las materias de iniciativa exclusiva del Presidente, enumeradas en el artículo 65, interpretado obviamente de forma conveniente y muy flexible por este, dejarían fuera la competencia del poder legislativo, mediante moción en la Cámara Baja.
La verdad es que contradiciendo nuevamente dicha afirmación, salieron todos los actores eruditos en el tema, así juristas y abogados constitucionalistas no se demoraron en refutar la segunda carta del gobierno, indicando con argumentos sólidos amparados en la jurisprudencia, que no existiría inconstitucionalidad en el proyecto de ley, al menos, en lo que se refiere a la exclusividad de la iniciativa.
Zanjados todos estos aleteos del gobierno en defensa de la precarización del empleo, viene la más preocupante de todas sus cartas, la llamada “flexibidad laboral” o “acuerdo entre las partes”, que no es otra cosa que la introducción de la letra chica a la ley que viene a salvar una vez más, al pobre empresariado.
Para fundamentar mi desconfianza, en esta última carta del gobierno, quiero recordar la ley 21.131 de “Pago a 30 días”, promulgada por el ejecutivo a principios de este año, y publicitada por él mismo como la gran solución de pago oportuno, a las mal tratadas Pymes. Esta ley en su artículo 2 inciso segundo, introduce la misma letra chica, “las partes podrán establecer de mutuo acuerdo un plazo posterior”.
El problema de ambas leyes es el mismo, ¿qué posibilidades de negociación tiene un Pyme con un Walmart o Lucksic para oponerse a un “acuerdo”, de pago posterior? ¿Qué posibilidades tiene un trabajador en forma individual, de oponerse a un “acuerdo” impuesto por el empleador que le paga? Ninguno. En ambos casos, se altera y dota de ineficacia absoluta el corazón de la norma.
Al parecer, el éxito del lobby una vez más dará frutos, y ni la realidad, ni la experiencia, ni los índices, nos salvarán de una nueva ley humo.
Paula Arriagada Ortiz
Abogada.
Master © Derecho laboral
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