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La necesidad de la democratización de las fuerzas armadas e instituciones policiales


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Es evidente que se vive una crisis. Sin embargo, no todas las crisis desembocan en caminos democráticos. Lo primero que se requiere, es mirar las causas profundas de esta crisis. Y no es un problema de años, o de tiempo, es algo cualitativo y estratégico.

Las Fuerzas Armadas y las instituciones policiales chilenas fueron parte sustantiva de una dictadura fascista; de un gobierno totalitario que dirigió todos los espacios del Estado con extremo poder; sin control ni fiscalización de ningún tipo; con el sustantivo apoyo de los grandes grupos económicos y financieros, y de una derecha “política” que se sintió más que cómoda con este tipo de gobierno antidemocrático, del cual fue parte. Instituciones que aplicaron el terrorismo de estado; la “seguridad interior”, sobre la base del “enemigo interno” también identificado con una buena parte de naciones del mundo que condenaban la dictadura y sus atrocidades.

Es de una arbitrariedad sin respaldo, considerar que esta “herencia” ha sido superada. Más todavía, cuando las Fuerzas Armadas y policiales chilenas asumieron como propias las doctrinas de seguridad provenientes de los Estados Unidos; Israel; Brasil.

Hay que tener presente que el líder absoluto de ese proceso, Pinochet, en los primeros gobiernos civiles, década de los 90 en adelante, siguió siendo comandante en jefe del Ejército, y posteriormente senador vitalicio. Varios otros altos jefes castrenses, de línea pinochetista, también fueron miembros del parlamento chileno.

Tener presente ambos períodos: Dictadura fascista y primeros gobiernos civiles, es clave para comprender en profundidad la actual crisis de esas instituciones. La disonancia con la sociedad civil; el estado democrático; las demandas ciudadanas (entre las cuales desataca la del Pueblo Mapuche); su conformación autonómica; la extrema militarización, especialmente de Carabineros, son expresión de asuntos mucho más de fondo. Hubo bajo los gobiernos civiles “entendimientos” con el mundo militar y sus instituciones, que hoy se expresan claramente en las crisis que se viven.

Sin embargo, ¿Son tan diferentes las instituciones castrenses y policiales con las demás instituciones del Estado, especialmente las políticas?. Porque también en ellas se han manifestado expresiones de corrupción; de desapego al control democrático; de búsqueda de impunidad para las atroces violaciones a los derechos humanos que están, aún, pendientes.

Hay también en esas instituciones crisis de representatividad que, sensiblemente, interpelan sus funciones y su lógica de representación ciudadana. Enfrentar las crisis de las instituciones castrenses y policiales, es una interpelación al poder político de la sociedad chilena. Es también un tema pendiente.

En definitiva, no es la solución enfrentar estas situaciones con parches o reformas menores. Se requiere cambios de paradigmas, a lo menos en los siguientes aspectos estratégicos:

  • Doctrina, que implique superar todo atisbo de autoritarismo; de militarización en el caso de las fuerzas policiales; del “enemigo interno”; de una política de seguridad que no tiene del todo como prioridad el concepto de estado nacional y de paz, en el marco de la integración regional y convivencia pacífica.

El clave el asunto de los procedimientos, exige a la civilidad y el poder político comprender a fondo el rol de las instituciones uniformadas, y superar todo atisbo de uso de las instituciones castrenses para hegemonías partidistas, económicas y en el ámbito internacional. Esto, en especial, proveniente de fuerzas políticas y económicas que históricamente se han relacionado con ese objetivo. La historia reciente de Chile así lo demuestra.

En este contexto, el multilateralismo que hoy se abre paso en el mundo, debe ser parte de la doctrina del estado chileno, y sus instituciones militares, por cierto. Sin embargo, ¿Cómo se le puede pedir de buenas a primeras a las instituciones armadas y policiales algo diferente, cuando los gobiernos civiles, y en particular el actual, han priorizado la militarización del conflicto del Estado con el Pueblo Mapuche?.

  • Compromiso institucional con el respeto a los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Dentro de las instituciones, y en la sociedad en su conjunto. Esto, necesariamente, implica una profunda autocrítica que incluya acciones concretas, respecto de su papel en la aplicación del terrorismo de Estado; y un nuevo y gran esfuerzo por cerrar heridas que parten por saber por los centenares y centenares de detenidos desaparecidos, para hacer verdad y justicia plena.
  • Relación y control democrático, que implica nuevos estándares de lado y lado, no sólo hacia las instituciones uniformadas, también las instituciones políticas necesitan en sí mismas elevar sustantivamente sus niveles de realización democrática.
  • Instituciones uniformadas integradas profundamente a la sociedad, especialmente para los casos de catástrofes nacionales y situaciones de esa naturaleza. Fuerzas policiales que requieren cualitativamente superar su militarización, para enfrentar con eficacia el narcotráfico; el ciber delito; hechos delictuales que generan alta inseguridad ciudadana.

 

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Juan Andrés Lagos

Periodista. Encargado de relaciones políticas del Partido Comunista.

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