Agenda social y cambio constitucional, o son las dos, o no basta




Tanto la clase política en general, como la sociedad -que lo tenía claro desde mucho antes- han  coincidido en el diagnóstico que ha dado pie a esta crisis social, con más o menos énfasis, la mayoría concuerda en que la desigualdad, expresada en diversos ámbitos de la vida cotidiana, es la gran causante del malestar, la rabia y el clamor por cambios profundos.

Pero es ahora cuando empiezan las reinterpretaciones….

Si bien es cierto la clase política, y también muchos ciudadanos, quizás los más privilegiados, normalizaron muchas de las situaciones que, puestas en evidencia hoy día, nos parecen inaceptables y nos  han  hecho pedir perdón, no debemos dejar de lado que, durante los más de 20 años que gobernó la Concertación y luego la Nueva Mayoría, muchos de los temas relevados por la ciudadanía, fueron parte de sus agendas. Sin embargo, el problema central para que los termináramos abordando “en la medida de lo posible” fueron  principalmente los enclaves constitucionales y entre esos, el alto quorum que requieren las leyes. Lo que  por ende  obligó siempre a negociar con una derecha que, por ejemplo, se negó a un seguro de salud solidario cuando se implementó el AUGE, o que se negó a gratuidad de los CFT entre muchos otros ejemplos.

Esta reflexión no es para exculpar a un sector político de sus responsabilidades públicas y políticas en cuanto a redoblar esfuerzos, sino más bien, para poner las cosas en contexto. Dicho eso, y asumiendo la desigualdad como una enfermedad de la sociedad Chilena, la derecha señala que debemos concentrarnos sólo “en tratarla” desde una agenda social, una que a nuestro juicio es paliativa y que en nada se hace cargo de las causas y raíces de un modelo segregador e ineficaz (la enfermedad).

Nadie podría negarse a un aumento de las pensiones, o al congelamiento de las tarifas eléctricas, o a subir el sueldo mínimo. Lo anterior es del todo necesario y urgente, pero necesitamos ir más allá. Por ello produce enorme frustración cuando la derecha argumenta que, un cambio constitucional no se hace cargo  de los ¨problemas cotidianos de la gente¨ ya que esa argumentación es simplemente una falsedad.

Un nueva Constitución significa un nuevo trato en cuanto al régimen democrático, al tipo de estado de sector privado y de sociedad civil que queremos, a la forma de relacionarnos a fin de poder transitar de una actual sociedad de asistencia a una sociedad que garantiza  derechos sociales. Una nueva Constitución permitiría además que, las mayorías realmente pudiesen expresarse en políticas públicas, que el estado tenga un rol más activo sobre todo en la protección de ciudadanos y consumidores, por señalar algunos.

Por eso, necesitamos una agenda social de medidas paliativas de manera urgente, por supuesto que sí, pero si esto no va al mismo tiempo acompañado de una apertura a revisar el modelo y por ende a la construcción colectiva de una nueva Constitución, cualquier esfuerzo de diálogo será anulado por la profundidad, tanto de las demandas, como de la necesidad de respuestas. En suma, el gobierno debe ser capaz de mostrar una ruta real de cambios, sólo así, veremos cuál es su real  compromiso con el diagnóstico y veremos finalmente qué prevalece en su ADN; Defender el modelo y remendarlo un poco,  o revisarlo para realmente hacer (lo que escuche en una amarga entrevista) que para la mayoría, este país y esta sociedad valgan la pena.

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