Broma, ¿verdad?




El mismo día que el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, decía ante las cámaras que “todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes”, reconociendo que la pandemia les había pasado muy por encima, a pesar de los intentos comunicacionales y de entrega de información parcial para hacernos creer lo contrario, el Senado discutía si seguiría re-eligiéndose  más y más hasta, en algunos casos, llegar a cumplir 40 años en el Congreso.

Ese mismo día, Latam anunciaba que se acogería al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para su reorganización financiera, y desvinculó a 450 personas más de las que ya había desvinculado inicialmente y anunció que no repartiría utilidades entre sus accionistas, siendo las AFPs algunos de ellos. Al día siguiente, conocíamos que el desempleo en el Gran Santiago es de 15% (revisar) la más alta cifra de los últimos 30 años.

El senado estaba, por mientras,  discutiendo y votando el proyecto de reforma constitucional para limitar la reelección de autoridades. La discusión se dio en torno a rencillas, peleas pequeñas, acusaciones sin sentido, sin discusión política, en su mayoría cálculo pequeño. Los honorables senadores y senadoras de la república, exigían su derecho a no tener límites de reelección y así poder ejercer su cargo por el tiempo que ellos y ellas decidan, mientras fueran electos por la ciudadanía.

Lo que los senadores y senadoras de la República votaron el 26 de mayo fue una estabilidad laboral de hasta 16 o 12 años a partir de 2021, aunque para algunos incluso llegarán a 48 años porque no quieren que sea una norma retroactiva. Mientras en el país el desempleo seguirá creciendo, las personas tienen hambre y la incertidumbre es lo que acecha, ellos votan para asegurar su propia estabilidad laboral.

Esta forma de hacer las cosas, se ha traducido en que los ciudadanos y ciudadanas quedamos presos de esa elección por 4 años, en el caso de las y los diputados y, 8 años en el caso de senadoras y senadores, porque no importa si han recibido financiamiento ilegal, como lo mostró el escándalo sobre el financiamiento de la política en 2014, o si incorporaron en los proyectos de ley clausulas que grandes empresas les sugerían para “mejorar” proyectos de ley, parece que nada es suficiente para que un honorable pierda el cargo en ejercicio, independiente de lo poco honorable de sus acciones, lo importante es garantizar a toda costa 4 años de estabilidad económica y laboral en el caso de 1 período de ejercicio para un diputado, o de 8 años si es en el senado.

Broma ¿verdad?

 

 

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