¿Calidad o represión, en la educación pública?




Durante las últimas semanas el Instituto Nacional ha sido el centro de la polémica luego de los extensos conflictos que han enfrentado los estudiantes y apoderados con el municipio de Santiago. No vieron bien las medidas tomadas por el alcalde Felipe Alessandri respecto a la   presencia de efectivos de las Fuerzas Especiales de Carabineros ubicados en los techos del IN, para prevenir acciones de encapuchados. Manifestado públicamente “que a la delincuencia hay que darle con mano dura”.

Es por ello que alumnos y exalumnos del IN, han querido apelar al entendimiento y empatía de la ciudadanía, respecto al proceso de movilización y el porqué de sus demandas. Demandas que comenzaron fuertemente con el movimiento en la defensa de la educación pública durante los años 2006 y 2011. A juicio del exalumno del IN Vicente Salinas “fueron un engaño, porque la educación siguió siendo un bien de consumo”, siendo este, el nudo critico de nuestra sociedad. De igual forma, la desmunicipalización ha sido el punto muerto dentro de la agenda del gobierno. Considerando que este sistema se instauró durante la dictadura de Augusto Pinochet, como una de las medidas más insignes del régimen, destinando los recursos a un nuevo sostenedor, quien además tiene la misión de escoger el rector del establecimiento,  lo cual, no garantiza la efectividad del cargo que asume.

Al respecto, Salinas señala que desde entonces “el Estado se ha lavado las manos y los municipios jamás han podido dar abasto con la administración de los establecimientos”. En concreto no ha existido la voluntad política para mejorar estos síntomas históricos de precariedad en la educación pública.

Hecho que hoy se ve reflejado, con las decisiones desafortunadas que ha tomado el edil de la comuna de Santiago, apoyadas por la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, y la Intendenta de Santiago, Karla Rubirlar, quienes han considerado que el exigir un proyecto académico en serio y moderno, afecta contra la seguridad escolar. Sin embargo, no han considerado que por años han ido gestando todas las condiciones del derrumbe de los pocos liceos públicos de alto rendimiento que quedan en nuestro país. Transformando al Instituto Nacional en un campo de batalla de la educación pública, buscando destruir más de 200 años de historia.

En pocas palabras, los municipios y los gobiernos de turno, han buscado aplastar y criminalizar la educación pública, fortaleciendo de este modo la educación privada, a través fomentar el lucro, como sinónimo de aprendizaje basado en el instrumento de la PSU y no en la calidad de la educación, dándole ventajas a la clase élite chilena, obteniendo mayores posibilidades de ingresar a las universidades estatales, adquiriendo becas u otros beneficios, a diferencia de quienes apostaron por una educación pública, por tanto,  ¿Chile un país de oportunidades? Gran dicotomía, entre el deber ser y lo que sucede en la educación de nuestro país.

Finalmente, los gobiernos buscan una sociedad de estudiantes sin reflexión, dormidos socioculturalmente, adoctrinados, basados en la competitividad que busca el sistema capitalista, entre muchas otras, siendo un espacio muy conveniente para quienes ejercen el poder.

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