Cambio de paradigma para enfrentar la delincuencia juvenil




El Gobierno de Sebastián Piñera, se encuentra, una vez más, entre “la espada y la pared” para enfrentar el aumento de la violencia y la delincuencia. Se trata, ni más ni menos, de una de las temáticas de mayor importancia para los habitantes de nuestro país. Pero, en este caso, el ejecutivo tiene un peso adicional sobre sus hombros puesto que se autodefine, tanto en la competencia electoral como cuando se despliega en su rol de oposición, como el más ducho para dar solución definitiva a este problema. Es decir, estamos frente a un fenómeno social que nadie ha podido solucionar de manera satisfactoria en las últimas tres décadas, pero, esta vez, con una agravante adicional: en el ejercicio de su identidad política, la coalición gobernante se ha visto en la necesidad de aumentar las expectativas de la ciudadanía para asegurarse un triunfo electoral.

Ergo, la expresión utilizada en nuestra primera frase no solamente sirve para graficar lo difícil y complejo de una situación de la cual no se puede escapar, sino que además contiene la idea -para este caso específico-, de que, aunque queramos hacer las cosas bien, nuestro “pecado original” atentará contra todas las buenas intenciones.

¿Cómo puede resolver una coalición con esta carga un problema tan complejo y multidimensional?. Mi impresión es que al final del día no queda otro camino que correr el cerco. Y entonces frente a un problema que no representa más allá del 10 al 15% de la delincuencia, se responde al clamor popular con la idea de endurecer la ley de responsabilidad penal adolescente para acabar, de una vez por todas, con la delincuencia (LRPA o Ley Nº 20.084). Concretamente lo que se propone es: a) introducir la reincidencia como criterio para agravar las condenas y b) eliminar la facultad de los jueces para rebajar en un grado las sanciones.  Para coronar este aparente coraje político del Gobierno (venimos a hacer lo que nadie se atreve), algunos diputados de la coalición, envalentonados con esta idea, salen a terminar de hundir el clavo proponiendo rebajar la edad de imputabilidad penal a los 13 años.

Más allá de las falacias que esconden tales propósitos -pensar que el comportamiento delictivo adolescente se disuade e interrumpe aumentando la severidad de las “penas”-, esta idea, propia de una campaña electoral populista, olvida que la investigación científica, durante estas mismas últimas tres décadas en que no hemos podido construir los cimientos de un cambio que nos permita implementar soluciones más costo efectivas, ha demostrado de manera sólida y contundente que la sobre-reacción punitiva a los comportamientos delictivos adolescentes contribuye más bien a agravar el problema más que a solucionarlo, consolidando las carreras delictuales y aumentando los niveles de reincidencia y, en algunos casos, de violencia. Pero además que la rebaja de imputabilidad penal en nada contribuye a frenar el inicio de tempranas carreras delictuales, sino que más bien a consolidarlas tempranamente (que no es lo mismo, aunque parezca casi igual).

La LRPA se promulgó en junio de 2007 con el objeto de crear un sistema de sanciones especialmente adaptado a la adolescencia por tratarse de una etapa de la vida en que nos encontramos en pleno desarrollo con un marcado énfasis en la reinserción social. Los males y las ineficiencias de este sistema no se deben a su falta de “punitividad”, sino más bien a sus pobres resultados en su propósito central: la reinserción social efectiva de los jóvenes que han delinquido. En lugar de utilizar un tema tan delicado con fines electoralistas, el gobierno debiera abocarse a derribar el entramado de intereses que han impedido modernizar y especializar al Sename. Además, debiera estar pensando en cómo implementar y evaluar un sistema de alerta temprana que permita actuar rápida y eficazmente sobre los niños que concentran los mayores factores de riesgo asociados a la violencia y el delito, y un sistema de protección integral y real de los derechos de los niños niñas y adolescentes.

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