Chile, ¿por qué no firmas el acuerdo de Escazú?




La Constitución Política del Estado de Chile en su Artículo 8 señala “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

Cuando leemos estas letras, claramente se habla de una realidad opuesta a la que ocurre actualmente, donde Chile se niega a firmar el acuerdo de Escazú, siendo que nuestro país fue quien promovió y lideró esta materia, es más Chile convenció a otros países a sumarse a esta iniciativa.

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, explicó que el retraso a la firma se sustenta en una cuestión de “oportunidad”, apuntando a la resolución marítima de Bolivia en La Haya, debido a una solicitud de la Cancillería, ya que está en riesgo la soberanía de nuestro país. Es un bochorno de magnitud, y esto habla de una ignorancia de las autoridades actuales en esta materia.

El Acuerdo de Escazú no se firma simplemente porque lo peligroso es dar voz a la ciudadanía en temas medioambientales. Empoderar al pueblo es un riesgo que no quiere correr este gobierno, lo primero que se me viene a la cabeza fueron las protestas que lograron paralizar el crimen ambiental que se pretendía cometer en Punta Choros.

Muchos movimientos han paralizado proyectos nefastos para el medio ambiente, Alumysa, Hidroaysén, Dominga, Río Cruces y el anteriormente mencionado Punta Choros y sin firma previa a este acuerdo, imagínense una ciudadanía empoderada, con mayor acceso a información, a la justicia ambiental y la participación ciudadana en materia medioambiental.

Chile participó 6 años en la preparación y negociación de este acuerdo, que el Presidente Piñera debía firmar durante la Asamblea de las Naciones Unidas que se desarrolló hace un par de semanas en Nueva York, claramente no se afectó la soberanía Ministra, se dañó la credibilidad pública de Chile ante el resto de los países, y llama profundamente la atención que la Cancillería fuera quién impulsara esto.

El acuerdo busca dar cobertura a 3 derechos fundamentales: primero acceder a información con el derecho público a tener acceso a la información ambiental y mantener información actualizada. Un segundo derecho es la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, lo que viene a garantizar mecanismos de participación en proyectos de impacto negativo sobre el medio ambiente, esto con 18 meses antes que las empresas presenten los estudios. Y en tercer lugar, el acceso a la justicia ambiental, es decir acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y alcanzar decisiones que puedan afectar el medio ambiente.

Es una pésima señal para el mundo ambiental, para el pueblo en general no entregar el acceso a información, dar más participación y justicia, claramente no es la soberanía nacional la que está en riesgo, sino la soberanía empresarial, no hay otra justificación a tan terrible decisión.

Sólo queda recordar algo, hoy tenemos tronaduras en Isla Riesgo, Barco con Salmones en descomposición en Puerto Montt, la crisis ambiental en Puchuncaví y Quintero, y la gente  se queda con los brazos cruzados esperando que el Gobierno haga algo, mientras tanto, se sigue dañando de manera brutal el medio ambiente y también a la ciudadanía.

Sólo para terminar, debemos recordar que hoy no se está cumpliendo con la establecido en la Constitución Política de nuestro país y se está transgrediendo el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, como lo consagra la Ley, y prefiero omitir lo que dice en temas de participación ciudadana.

Síguenos