Cuando el acoso sexual solo se sanciona en el papel




A propósito de la implementación de los protocolos.

Las manifestaciones del llamado Mayo feminista del 2018 trajo como consecuencias diversos cambios al interior de las instituciones públicas y privadas, siendo una de ellas la elaboración de protocolos de prevención y sanción en contra del acoso sexual. En particular, esta demanda fue levantada por organizaciones de mujeres feministas al interior de las universidades a raíz de diversas denuncias y situaciones de acoso. A pesar de que fue una demanda que nació al interior de las universidades, ésta caló hondo en distintos sectores de la sociedad en la cual se exigió una regulación en esta materia.

Es así, que un número importante de universidades, partidos políticos, e instituciones, públicas y privadas, elaboraron protocolos para prevenir y sancionar el acoso sexual. Lo que en un momento se pensó que iba a ser la piedra angular para solucionar la problemática, más tarde se convertiría en el principal problema en torno a esto. Es así que con la implementación de estos protocolos se comenzó a evidenciar la falta preparación de las personas a cargo de la investigación, un escaso enfoque de género en la elaboración misma y nula asesoría jurídica y psicologica a las victimas.

Un ejemplo concreto de aquello lo anterior se pudo observar en la reciente toma feminista de la Universidad Diego Portales, en particular por los casos de denuncias de acoso sexual en la Facultad de Derecho. El protocolo de nada impidió que un profesor de la facultad vulnerara la identidad de las denunciantes y que no se tomaran medidas de resguardo en torno a las victimas. Asimismo, los recientes caso sobre acoso en la Cámara de Diputados han evidenciado que el tener un protocolo sobre acoso sexual no es suficiente cuando su aplicación esta a cargo de personas con poca formación en la materia.

Lo anterior puede ser explicado por diversos factores, siendo lo principal que varios de estos protocolos han sido elaborados por personas con poca formación en la materia y por ende sin perspectiva de género, además de que la creación de éstos fue en razón de una respuesta rápida a los casos sobre acoso sexual sin pensar en todas las implicancias que conlleva una denuncia en la materia. Asimismo, tampoco se ha tomado en consideración el contexto de la institución misma, no es lo mismo un protocolo sobre acoso sexual al interior de una Universidad, que en un Partido Político o en el Congreso Nacional.

En concordancia con lo anterior, se hace necesario no solo actualizar los protocolos sobre prevención y sanción del acoso sexual sino que también urge una formación profunda a nivel institucional en la materia, no solo dirigida a las personas encargadas de investigar sino que también a todas las personas que forman parte de la institución con el objetivo de que el cambio de paradigma se produzca en todos los niveles. En este sentido, a raíz de que el cambio es progresivo y lento, se hace indispensable garantizar a las victimas asesoría jurídica y atención psicologíca para brindarles todas las garantías suficientes a la persona denunciante.

Actualmente un número importante de mujeres que han sido objeto de acoso sexual no quieren denunciar por el temor de ser objeto de represalias tanto por las jefaturas o por otros trabajadores al interior de la institución. Asimismo, entender que el acoso sexual se trata de un ejercicio de dominación de poder, y no de un asunto de belleza, es fundamental para adherirse a la problemática del asunto y comprenderla con el objeto de prevenirla y sancionarla. Mientras tengamos protocolos que solo sirvan en papel, el acoso sexual no será erradicado al interior de las instituciones y un nuevo mayo feminista, se vendrá a la vuelta de la esquina.

 

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