Derechos humanos y libre ejercicio de la soberanía




Como si estuviera haciéndose cargo de toda la furia del sector político y económico que se ha visto cuestionado desde el 18 de octubre y se ha resistido a perder sus privilegios, el profesor Roberto Campos estuvo detenido durante 56 días en la Cárcel de Alta Seguridad. Imputado por daños en la estación del Metro San Joaquín, su delito principal: romper un torniquete en el marco de los incendios en diversas estaciones del tren subterráneo de Santiago. Responsabilizado del descontento que se expresó en las calles, frente a la crisis del modelo político, económico y social neoliberal;hasta ahora el docente ha sido, sino el único, uno de los pocos imputados como responsables de los incendios producidos el 18 O.

Mientras, Mauricio Carrillo Castillo, el funcionario de Carabineros que conducía el carro lanza-gases que atropelló a Óscar Pérez (20) la semana pasada durante las manifestaciones en la capital, quedó con la medida cautelar de firma mensual durante los 150 días que dure la investigación.La pequeña, pero ilustrativa comparación, nos obliga a confrontar nuestro problema de fondo. La igualación de infraestructura y vidas humanas, pone sobre la mesa la relevancia de lo material en el Chile experimento neoliberal. Otra vez, se cuestiona la profundidad de nuestra democracia. Propia de una expresión de institucionalidad transicional, hecha en la medida de lo posible. Peor aún: la desproporción de sanciones y sentencias amenaza con traer otra vez a nuestro presenta, la impunidad.

Tras conocer cuatro lapidarios informes de organismos internacionales y los críticos resultados del documento elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Chile del archi repetido “nunca más”, resulta cada vez más improbable. El mismo Chile inverosímil donde, pese a las masivas manifestaciones sociales y políticas que llevan más de dos meses en la calle, ni la subsidiariedad del Estado, ni la privatización de las pensiones, ni la desigualdad estructural han cambiado un ápice. Pero contra todo pronóstico, es en ese mismo Chile que aún se erige con fuerza la porfiada demanda de un cambio sistémico. La construcción de una democracia distinta. La discusión de una nueva Constitución debatida sin imposiciones ni fraudes como fue impuesta la de 1980, en plena dictadura civil militar.

Tal es la demanda de cambiarlo todo, que ya han surgido múltiples intentonas, desde distintos sectores, por cooptarla. Y aunque parezca increíble, un sistema político debilitado le presta ropa a un gobierno aún en peor condición y prepara el salvataje por medio del denominado acuerdo de paz social y nueva constitución, que hoy se traduce en una ley que regula parte del proceso constituyente.

Frente al actual escenario, es importante tener en claro lo central: ninguna nueva Constitución será posible de implementar, ni mucho menos de legitimar sin garantía absoluta del libre ejercicio de la soberanía popular. Es el soberano, es decir el pueblo, quien debe expresarse en ese proceso de debate. Para ello, resultarábásicoimplementar un proceso constituyente que dé las garantías necesarias. En un ejercicio casi didáctico, vamos a dejarlas explícitas y claras. Paridad de género efectiva, escaños reservados para pueblos originarios, garantías de participación para independientes y un sistema de elección de delegados constituyentes que permita todo aquello, serán el piso.

Una asamblea constituyente soberana que defina sus principales normas y modos de acción, condición básica. Mientras todo aquello no ocurra, las movilizaciones seguirán recrudeciendo, para exigir tanto participación en el diseño de un nuevo país, como las demandas sociales esgrimidas y que requieren demodificar las bases del modelo neoliberal.

Más allá del proyecto promulgado por el presidente Sebastián Piñera esta semana y los intentos de acallar toda protesta con más represión, lo cierto es que este proceso aún está en disputa. Y es la calle la que deliberará quién gana la última batalla.

Las organizaciones sociales y los sectores políticos de izquierda que han bregado durante años por el cambio constitucional a través de un órgano soberano, paritario, popular y plurinacional, no acabarán sus demandas en la medida de lo posible. Pero más importante que ello aún: tampoco lo harán las masas que han salido a las calles a exigir un cambio profundo, sistémico y modelar. Son ellas, las que deben convencerse y sentirse partícipes de acuerdos por paz, justicia y nueva Constitución.

Síguenos