Desafíos para la protección de derechos de la infancia




A partir de la suscripción y posterior ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se desprende un nuevo ordenamiento legal que apuesta por el cambio cultural y posiciona al Estado Chileno como el principal garante de los derechos de la infancia y juventud. En este contexto, surge una nueva institucionalidad que tiene el propósito de asegurar la protección y restitución de derechos vulnerados, a través de la intervención que se otorgan en diferentes programas.

A pesar de la ratificación de la Convención, los esfuerzos implementados por las autoridades y las instituciones han sido insuficientes. Adicionalmente, en los últimos años, han existido diversos casos de connotación pública que involucran a niños, niñas y/o adolescentes víctimas de negligencia, abandono, maltrato físico y psicológicos, agresiones en la esfera sexual, entre otras vulneraciones de derechos. Por otro lado, los informes de organismos nacionales e internacionales dan cuenta de la profunda crisis en el sistema de protección de derechos en Chile.

En todos los escenarios, el panorama es alarmarte y desolador. No solo se confirma la incapacidad de respuesta oportuna de la institucionalidad, también deja en evidencia el fracaso de nuestra sociedad en la protección de los derechos.

Parte de la solución es asumir que, proteger y asegurar el pleno de los derechos de los niños es una responsabilidad de todos. Por esta razón, los desafíos se enmarcan en extinguir los patrones culturales situados en la vereda antagónica del enfoque de derechos, e instaurar un modelo sociocultural que posicione a la población infantojuvenil como actores sociales y sujetos de derechos.

Desde esta perspectiva, la sociedad debe asumir el desafío de extinguir la violencia, el abuso de poder, las vulneraciones de derechos y cualquier acción vinculada a la transgresión de los derechos fundamentales de un ser humano. La responsabilidad implica resguardar el interés superior del niño, generar mecanismos que incentiven la participación y autonomía progresiva, promover la igualdad y no discriminación como también, garantizar la vida, supervivencia y desarrollo integral del niño/a.

Implementar un sistema de protección de derechos integral y especializado en Chile, no solo implica un cambio sociocultural, sensibilizar y empoderar a la comunidad, modificar el marco legal e incrementar los recursos públicos y mejorar la infraestructura de los proyectos o programas, además se requiere de profunda reestructuración en el diseño, planificación y ejecución de políticas públicas vinculadas a la prevención de vulneraciones, promoción y protección de derechos e intervenciones de reparación del maltrato y agresiones sexuales.

Finalmente, se requiere de un sistema de alerta temprana que favorezca la detección precoz e interrupción oportuna de las vulneraciones de derechos. También, es necesario modificar los lineamientos técnicos y las estrategias de intervención e implementar un sistema eficaz y eficiente orientado al monitoreo, seguimiento, supervisión y fiscalización en las instituciones que tienen el propósito de abordar la promoción, protección de derechos y restitución de derechos vulnerados.

 

Valentina Rojas.

Psicóloga Social.

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