¡Descentralización aprobada, implementación postergada!




El anhelo por la descentralización jamás han estado ajenas a las propuestas programáticas del mundo progresista, en el PPD hemos trabajado por ellas desde los inicios del regreso a la democracia. Pese a este consenso en algún momento sentimos que nuestras propuestas fueron de las más postergadas, incluso por nuestros propios gobiernos. Prueba de ello fue la tardanza, en la reciente legislatura, de la aprobación del proyecto de Ley que fortalece los gobiernos regionales, existiendo una incertidumbre y confusión  inicial al interior del progresismo que postergó hacia el final de ella total trámite.

Así es como en las postrimerías del gobierno de la Presidenta Bachelet, enero de 2018 donde finalmente se aprobó con amplio respaldo la “Reforma Regional”. Ella no sólo permite la elección del Gobernador Regional, sino que también faculta el traspaso de competencias desde el nivel central al regional, permite la  creación de nuevas estructuras  a nivel de Divisiones en los Gores, el nacimiento de la figura del Administrador Regional,  la formación de unidades de áreas metropolitanas donde corresponda y otros muchos cambios.

¿Cuál fue la controversia en el progresismo? La respuesta es la añeja controversia de la izquierda chilena, que antaño se fraseó con “avanzar sin transar v/s avanzar y consolidar”. El argumento de resistencia se basaba en que el proyecto, como se aprobó, no señala de manera explícita las competencias y presupuestos de los nuevos Gobiernos Regionales.

Ciertamente todos desearíamos que la descentralización llegara a las materias presupuestarias. Pero también hay que  aprender de la experiencia y recordar, por ejemplo, que la propia ley de gobiernos regionales partió con simples administraciones que  al paso del tiempo y la maduración de los órganos administrativos migró a gobiernos empoderados.

A nosotros, en los nuevos tiempos que llegan al PPD, nos parece que la urgencia radica en exigir al gobierno que se dicten los decretos para la creación de las nuevas estructuras administrativas de los Gores, a los que está obligado por Ley y en los que no ha avanzado. Hoy por hoy no existe ningún impedimento legal o administrativo para ponerse a trabajar por las regiones.

Nos preocupa la evidente falta de voluntad del ejecutivo porque, además, ella puede lesionar gravemente el proceso de elección de Gobernadores Regionales porque éstos podrían asumir el mando de institucionalidades improvisadas y carentes de desarrollo. Lo anterior a más de irresponsable podría ocasionar un daño letal a la efectividad del proceso de descentralización regional, el PPD hará todo lo que esté a su alcance para que ello no ocurra, desde el parlamento fiscalizando y con sus autoridades regionales y comunales fortaleciendo el protagonismo de las regiones.

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