Desigualdades estructurales y derechos de parejas (y sus hijxs) del mismo sexo




Durante estas dos semanas, desde el ámbito de los derechos de las personas LGBTIQ, hemos visto las dos caras de la moneda en torno a dos sentencias en particular que versaban sobre matrimonio entre personas del mismo sexo y derechos de filiación de hijos e hijas de parejas del mismo sexo. Mientras el Tribunal Constitucional rechazaba un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al matrimonio entre una pareja de mujeres contraido en el extranjero, el 2º Juzgado de Familia de Santiago acogía una acción de reclamación de maternidad interpuesta por la madre gestante, en el marco de un procedimiento de Tecnicas de Reproducción Humana Asistida, en contra de la madre no gestante, determinando de esta manera la comaternidad.

De esta forma, el Tribunal Constitucional por segunda vez se pronuncia con respecto a la temática, y por otro lado, la sentencia del Juzgado de Familia se convierte en la primera de su especie al reconocer la comaternidad por parte de una pareja de dos mujeres. Ambas caras de la moneda nos muestran una realidad completamente distinta. Por un lado, una institución cuestionada constantemente por invadir la esfera de la discusión democrática que se da en el parlamento cuya naturaleza conservadura se reafirma cada vez más, y por otro, juzgados que interpretan de manera correcta los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que asumen la existencia de desigualdades estructurales.

Sin embargo, ambas situaciones nos llevan al mismo problema: la inexistencia de una legislación que reconozca la filiación y la unión matrimonial por parte de parejas del mismo sexo. En este sentido, más allá, de los pronunciamientos, la discusión debe volver a dirigirse hacia este ámbito. Actualmente, en el Senado existen dos proyectos de ley, que han sido discutidos, relacionados con esta materia, el primero, que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el segundo, que regula la filiación de hijos e hijas de parejas del mismo sexo. Lamentablemente, desde la agenda política tan solo el primero ha tenido mayor relevancia, relegando a un segundo plano la filiación.

Con respecto a este panorama, a nivel internacional nos encontramos con diversas recomendaciones y normas que nos señalan directrices al respecto. A modo de ejemplo, incluiremos algunas. A inicios de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 24-17 señaló que los Estados, parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deben garantizar a las parejas del mismo sexo el acceso a las mismas figuras jurídicas que se regulan para las parejas heterosexuales. Asimismo, del mismo modo la Convención de Derechos del Niño reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia, independiente de su composición.

Lo anterior lo entendió, de forma correcta, la jueza del 2º Juzgado de Familia de Santiago en la argumentación utilizada para acoger la acción, lo que no sucedió en la sentencia del Tribunal Constitucional y que tampoco ha recibido respuesta por parte del Congreso, en particular por el Senado. En efecto, pareciera ser que, principalmente por omisión, existiría cierto consenso en resolver las desigualdades estructurales caso a caso sin atender a la generalidad de la población. Los mismos parlamentarios que celebran los pronunciamientos son aquellos que luego no legislan al respecto. Lo anterior no solo evidencia un error interpretativo respecto a los derechos sino que ignora diversos factores, principalmente socioeconómicos y geográficos,  que inciden en estas situaciones.

En consecuencia, el debate que se ha reactivado respecto al matrimonio entre las personas del mismo sexo y la filiación de hijos e hijas de parejas del mismo sexo no puede volver al debate casuístico sin antender a la solución de las desigualdades estructurales que existen en este ámbito. Lamentablemente, desde la opinión pública, esto aún sigue invisibilizado y la postura de priorización de proyectos también ha adquirido cierta fuerza por parte de la élite política al creer que el matrimonio entre personas del mismo sexo es la única solución a estas problemáticas. Es por lo anterior, que más allá de colocar en el centro del debate dichas sentencias, contrapuestas, es indispensable seguir discutiendo y avanzar en la erradicación de estas desigualdades estructurales con soluciones concretas y legislativas.

Síguenos