El agua es política




En respuesta a  la declaración de emergencia agrícola en 17 de las 52 comunas de la Región Metropolitana, que puso el tema de la escasez del agua en el centro del debate público, El Presidente Piñera anunció un programa para enfrentar la mega sequía que asola a la zona central de Chile, consistente fundamentalmente en inversiones para enfrentar la contingencia.

Los anuncios, en principio, no contemplan modificaciones legales o reglamentarias, más allá de las indicaciones al Código de Aguas, presentadas durante el actual gobierno y el de la Presidenta Bachelet, y cuya discusión se encuentra entrampada desde el año 2011.

Sin perjuicio de ello, la discusión respecto a la institucionalidad del agua y su gobernanza es impostergable, dado su impacto en la propia sequía (un 44% del que sufren las cuencas hidrográficas más relevantes), su creciente conflictividad, y el eventual riesgo de racionamiento del suministro de agua potable en los grandes núcleos urbanos.

La evidencias científicas muestran que la zona central de Chile se encuentra sometida a una “Mega Sequía”, inédita por su duración y por sus características – extensa, prolongada y cálida, atribuible en parte al Cambio Climático, y cuyas implicancias sociales, ambientales y económicas son dramáticas

Hay un aumento constante de la superficie quemada por incendios forestales (el 2017 se quemaron 600.000 hectáreas, 10 veces más que el promedio histórico). Del 2010 a la fecha han aumentado los Decretos de Escasez Hídrica que dicta la Dirección General de Aguas, y el gasto anual en camiones aljibes pasó de 490 millones el 2010 a 34 mil millones el 2015.

A la fecha, se encuentran varias comunas del país en “emergencia agrícola” desde la IV a la VII Región (56 comunas con decreto de escasez hídrica y a 111 con emergencia agrícola), significando para el erario público el desembolso de más de 4 mil millones en asignaciones de emergencia. Se espera un aumento en los precios de los productos agrícolas de hasta un 30%, menor crecimiento en el PIB, y  un sesgo alcista en el Índice de Precios al Consumidor.

Luego, eludir la discusión institucional solo posterga las definiciones de fondo y las soluciones estructurales a un problema que no admite dilación, en tanto parte principal del problema, más allá de las variables climáticas o naturales, es significativamente institucional (“político”).

Un ejercicio de solución regulatoria, requerirá de la alquimia entre la seguridad jurídica y un marco razonable que incentive las inversiones, y entre el fortalecimiento del rol del Estado para la planificación racional del recurso, para la revocación de aquellos derechos sobre otorgados, y para la coordinación de la gestión, protección, y recuperación de los ecosistemas hídricos, sin perder la flexibilidad y la descentralización en las decisiones que en alguna medida entrega la actual institucionalidad.

Por lo tanto, puede llegar a constituir un gran error eludir la discusión respecto a la institucionalidad del agua, señalando, como la Ministra del Medio Ambiente a un medio de comunicación, que la discusión respecto al Código de Aguas “ha entrampado, justamente, poder avanzar de manera significativa en una política nacional del recurso hídrico”  y que es necesario “salir de esa discusión”.

Insistir en la protección de un concepto desproporcionado de propiedad privada, eludiendo las definiciones del Código, impactará en la seguridad jurídica que los defensores del actual status quo aducen como razón principal para impedir su modificación.

 

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