El parlamento, la institucional y la movilización social




Es evidente que en el diseño del gobierno de derecha (para instalar sus planes), el parlamento ha sido considerado un factor determinante.

Un parlamento en el cual es minoría relativa, tanto en el senado como en la Cámara, puesto que en los hechos ha logrado contar con votos de representantes de la Democracia Cristiana, principalmente, pero también de otros sectores políticos.

Es la realización del dibujo de un poder ejecutivo impositivo; que no dialoga con organizaciones y movimientos sociales; y que en el primer año hizo un gatopardismo episódico que algunos creyeron, bajo el supuesto de “acuerdos nacionales”.

Ciertamente, le ha favorecido un entorno regional e internacional bastante brutal: Macri; Bolsonaro; Duque; Moreno; Trump, líderes de ultraderecha bastante mesiánicos y con tendencia a perder respaldo ciudadano en sus respectivos países. Todos obsesionados por hacer retroceder el multilateralismo en América, y profundizar la arquitectura neoliberal-monetarista.

Piñera y la derecha retroceden en casi todos los ámbitos: En las encuestas; en adhesión ciudadana; en credibilidad. La imposición de sus políticas dejan una secuela de efectos negativos, salvo en el soporte básico del actual modelo de dominación: los capitales financieros y las transnacionales que, en su conjunto, controlan sobre el 75% de la economía real de nuestro país. Y ellos han elevado sus tasas de ganancias.

Por cierto, no hay ningún atisbo, siquiera por simulación, de que este gobierno trate de mejorar los fatigados estándares democráticos de la institucionalidad. Por el contrario, todo indica que incluso intenta reducirlos, como cambiar el sistema electoral proporcional, o cuestionar leyes que fueron antes aprobadas.

En este contexto, no en otro, tanto la derecha como sectores de la ex concertación buscan reponer, explícitamente, la política definida como “de consensos”. Una arquitectura que tras la dictadura cívico-militar, buscó legitimar una gobernabilidad sustentada en parte de las fuerzas políticas que lucharon en contra de ese régimen, y en la totalidad de las fuerzas que sustentaron a Pinochet y su régimen de terror.

“Política de los consensos”; “Democracia en la medida de lo posible”; “El fin de la Historia”; cambios extraordinariamente menores al sistema económico heredado (monetarismo extremo basado en una hiper concentración de propiedad); legitimación de una constitución política también heredada de la dictadura, sobre la base de esos “consensos” y cambios formales, caracterizaron ese período que, entre otras cosas sociales fundamentales, hace que Chile sea el séptimo país más desigual del mundo, según los indicadores del Banco Mundial.

Y, reiteramos, es en este escenario que la derecha y su gobierno operan en y desde el parlamento.

Una institucionalidad fatigada, que soporta una élite que se ampara casi exclusivamente en el restringido ámbito de la “democracia representativa”, finalmente se transforma, en no pocos momentos y procesos, en un dique de control  de las demandas ciudadanas; de limitante a los movimientos sociales y ciudadanos de muy diversa índole.

Sea esta situación la que explica, en buena parte, la inmensa distancia y rechazo que siente la ciudadanía por el parlamento. Y no se trata de personas, se trata de una institución.

Lo mismo ocurre con la tendencia creciente a que el universo de ciudadanía que pueda votar, no lo haga en términos mayoritarios.

Desde el campo progresista; que postula transformaciones; profundizar la democracia y la soberanía popular; elevar muy significativamente los estándares sociales a escala humana (pensiones; salarios; salud; educación; vivienda; entre muchos otros); y reconstruir un ethos social y nacional no capturado por la extrema mercantilización, es un deber democrático plantearse una política que rompa y supere estas trabas institucionales.

Un primer paso, es bregar para que la movilización; la participación; la lucha social, sean consideradas como parte sustantiva de la democracia y su transformación. Y no sean castigadas; ni criminalizadas; ni estigmatizadas imponiendo represión y temor sobre ellas. Porque ese es, en rigor, el dique que siempre busca imponer el autoritarismo, para evitar las transformaciones sociales en toda su magnitud.

 

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