¿Es posible solucionar la crisis social con explicita violación a los derechos humanos?




Hace más de 40 días en Chile ocurrió un evento que marcó un hito en nuestra historia. Impulsado por el efervescente accionar de nuestros jóvenes, somos testigos y protagonistas de la unión del pueblo que exige dignificar nuestras condiciones de vida mediante transformaciones estructurales al modelo político-económico imperante.

Ante estas demandas, la respuesta del gobierno se ha centrado en reprimir el movimiento de forma brutal, lo que ha sido reconocido por diferentes organismos: Amnistía Internacional, señala que las actuales autoridades de Gobierno y los/las funcionarios/as de las Fuerzas de Orden Público y Seguridad han implementado una violencia sistemática, brutal y desproporcionada hacia la sociedad civil durante este periodo de manifestaciones; Organización de Naciones Unidas señala que estos actos infringen los Derechos Humanos reconocidos por esta en el año 1948, dado que atentan contra la seguridad, libertad, vida e integridad de las personas, quienes han sido sometidas a torturas (verbales, psicológicas, físicas, sexuales, etc.) o sufrieron maltratos crueles, degradantes e inhumanos mientras ejercían su legítimo derecho a reunirse pacíficamente, manifestar su descontento social y expresar su opinión en los espacios públicos; Instituto Nacional de Derechos Humanos ha denunciado el uso indiscriminado de elementos disuasivos, armas químicas, escopetas antimotines y armas de fuego por parte de Fuerzas de Orden Público y Seguridad, los que han sido derivados al Ministerio Público por casos de tortura, apremios ilegítimos y uso excesivo de la fuerza.

A un mes del inicio de movilizaciones, INDH sumaba 345 querellas interpuestas contra agentes del Estado que han demostrado que los golpes, agresiones, desnudamientos, mutilaciones, homicidios (calificados o frustrados), violaciones, detenciones y arrestos ilegales estuvieron dirigidos hacia grupos e individuos que se manifestaban pacíficamente.

Sin duda nos encontramos en tiempos violentos, y en este contexto de extrema violencia hacia la población, el foco de atención de los medios de comunicación ha estado centrado en la criminalización de las protestas, hechos reforzados por los discursos del gobierno, centrándose en las acciones vandálicas de un supuesto grupo de manifestantes que han generado destrucción de mobiliario público y privado, lo que evidentemente ha traído consecuencias para el normal funcionamiento de las ciudades: saqueos e incendios a supermercados, centros comerciales y retail, estaciones de transporte, locomoción colectiva, entre otros.

Es así como podemos dar cuenta de una nefasta conducción del país, instaurando estrategias que no buscan soluciones de fondo, ya que la prioridad se centra en la Agenda de Seguridad ante una débil Agenda Social, concentrando su accionar en medidas represivas ¿Si el primer mandatario es quien con mayor vehemencia desvía el foco de fondo para criminalizar las distintas formas de manifestación? ¿Qué queda para la población?

Lamentablemente el discurso del gobierno y medios de comunicación han carecido de análisis y reflexión respecto a las generalizadas violaciones a los DDHH y cómo estas provocan aún más indignación en la población, y en este contexto, estamos lejos de dar fin a esta gran crisis sin abordar los elementos centrales que nos constituyen como seres humanos: Condiciones de vida digna e integridad de nuestros derechos humanos.

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