La Meta




La semana pasada, un vespertino tituló con la meta que el gobierno se puso para 2018: la expulsión de al menos 2 mil inmigrantes. Todo esto en el marco de la sobreexposición del procedimiento de expulsión de 51 ciudadanos colombianos que presentaban antecedentes penales o que tenían conflicto con la justicia en Chile.

Lo que está detrás de esta nueva arremetida en los temas de migración, sin duda es la necesidad del gobierno de recuperar el control de la agenda, que extravió absolutamente luego de la irrupción del tema de los derechos humanos a propósito de los desafortunadas declaraciones del ex ministro Rojas, y de una serie de dirigentes de la derecha tratando de justificar, matizar o poner “en contexto” las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura.

No hay ninguna razón para pensar que esta medida efectista vaya a resolver el tema de la migración en Chile. Primeramente debe entenderse que la migración es un derecho, y que dicho derecho debe ser respetado a quienes buscan en Chile oportunidad para una vida mejor. No hay una explicación convincente respecto de por qué se criminaliza a los migrantes, generando un evento público respecto de un procedimiento administrativo (la expulsión), más que por supuesto la búsqueda de alarmar la población respecto de los migrantes que día a día se integran a nuestra sociedad, además de adosarles una cierta responsabilidad respecto de los males que enfrentamos como sociedad. Por otra parte, es útil alcanzar una pseudo eficacia con este tipo de acciones, para poder hacer el punto de comparación con el gobierno anterior, que en este tema estuvo más bien inactivo y confundido en la burocracia, en un tema que era muy necesario de abordar.

La primera etapa del proceso de regularización migratoria de extranjeros que hoy se encuentran viviendo en Chile, concluyó en julio pasado con 155 mil personas inscritas. Respecto de ellos, se están evaluando sus antecedentes y se les otorgarán sus visas en forma paulatina hasta julio de próximo año. Sin embargo, el complejo proceso de regulación, deja también la duda sobre espacios para arbitrariedades en el otorgamiento de nuevas visas a extranjeros que deseen o necesiten radicarse en nuestro país. Mediante la llamada “visa de oportunidades”, se establecen requisitos y un sistema de evaluación con puntaje para poder aceptar su ingreso permanente, ya sea en busca de trabajo, estudios o emprendimiento. Esto es preocupante, puesto que se pone el acento en una mirada económica de la migración, y no en un enfoque de derechos, que a juicio de muchos especialistas es el camino correcto.

Lo más complejo para los inmigrantes se relaciona con la arbitrariedad de la que podrían ser víctimas, tal como hoy sucede con los ciudadanos haitianos. La principal debilidad de la nueva política migratoria es la falta de claridad respecto de las condiciones y requisitos para una migración ordenada, y una justificación racional de las diferencias. Falta un Estado que se haga cargo de un proceso que se mantendrá en el tiempo y que requiere de una política con una mirada clara de derechos humanos e integración.

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