La responsabilidad parental en la filiación adoptiva




Algunos antecedentes estadísticos sobre los adoptantes en Chile: el tiempo promedio entre la postulación y la declaración de idoneidad (para adoptante) en el año 2012 fue de 9 meses y 6 días. Si bien es preferible que los procesos de declaración de idoneidad se hagan con un máximo de precaución y detalle, los tiempos antes mencionados son ejemplos de que no existe una institucionalidad (SENAME y organismos acreditados) capaz de hacer frente al problema con la celeridad adecuada al evidente aumento de los casos de niños declarados susceptibles de ser adoptados. En definitiva, la falta de la celeridad adecuada para atacar un problema de esta magnitud es la crítica principal al sistema vigente. Otro dato es que en Chile, son los matrimonios quienes concentran la mayoría de las solicitudes de adopción. El año 2014, de un total de 1168 solicitantes, 1004 de ellos correspondieron a matrimonios, es decir, casi un 86%. Esta concentración tiene que ver con el principio de preferencia matrimonial en la ley N° 19.620.

Esta preferencia de la ley por una familia matrimonial contrasta con los avances que han existido en los últimos años respecto a los derechos de nuevas formas de constituir familia. Antes de entrar en este tema, cabe señalar que del total de solicitantes, solo 493 fueron declarados como idóneos y solo 14 de ellos no correspondieron a un matrimonio, siendo 13 de ellos correspondientes a personas solteras y una persona separada judicialmente. Otro dato importante es el tiempo transcurrido entre la declaración de idoneidad y el enlace adoptivo en promedio 361,1 días  (2014). Esta baja de número de postulantes o declarados idóneos (42%) podría tener como origen una falta de capacidad del sistema para asumir el volumen de solicitantes o bien por una posible la rigidez de los filtros para declarar la idoneidad. Estos datos dan cuenta que el sistema no demuestra la agilidad necesaria para responder a la necesidad de miles de niños de ser adoptados y que sufren vulneraciones constantes en sus derechos en el sistema en que se encuentran insertos, siendo expuestos a largas permanencias en el sistema residencial, con las consecuencias psicosociales, en autoestima y desarrollo, que ello implica. Desde aquí, ya tenemos una responsabilidad de parte del Estado que no está siendo cabalmente cumplida, dado que finalmente los programas que la ley establece y son administrados por el estado, no entregan condiciones óptimas para un proceso que restituye un derecho (a vivir en familia).

Antes de pensar en las responsabilidades de las familias adoptantes en Chile, debemos considerar las responsabilidades estructurales presentes en el sistema de adopción, sus debilidades, falencias y retrasos, que dificultan la restitución del derecho de vivir en familia de niños declarados susceptibles de ser adoptados (en el tipo de adopción por desamparo del niño). La demora de los procesos de idoneidad, no se condicen con que sean exámenes más acuciosos o que garanticen que la adopción no tenga problemas. El hacer funcionar un sistema familiar, no depende solo de una buena evaluación, depende también del apoyo psicosocial posterior que las familias tengan.

Sobre la responsabilidad de los adoptantes, es importante mencionar, que en el proceso de la declaración de idoneidad, las instituciones a cargo, por ser parte de este mismo mecanismo de incentivos perversos para el financiamiento de las instituciones acreditadas en la temática adopción, aparece lento, engorroso y a veces poco transparente.

Con la modificación de los cuerpos legales de la filiación 19.585 (1998) y la ley de adopciones 19.620 (1999), la relación entre el adoptante y adoptado contiene los mismos derechos y deberes que los hijos de otro tipo de filiación, además que la adopción restituye el derecho de tener una identidad (legal), una familia (adoptiva) y herencia, permite además tener derecho a revisar los orígenes del adoptado, que se constituye en una necesidad sobre conocer la historia y antepasados, además de contar con un dispositivo de programas, que facilitan los procesos intrapsíquicos, sociales y familiares para dar respuesta a necesidades de orden personal a los adoptados.

Lamentablemente los sistemas también se equivocan, el desafío es buscar mecanismos que lleven a la baja estos errores y que puedan reparar situaciones que son propias de la naturaleza humana de las relaciones sociales.

Se debe tener en cuenta la responsabilidad de quienes adoptan, el proceso post adopción, el apoyo posterior, la conformación de una familia es un proceso, donde parejas de conformación matrimonial, convivientes civiles, parejas homosexuales e incluso personas solas, pueden enfrentar un proceso en las mismas condiciones, mientras se cuente con un apoyo permanente psicosocial, familiar, social. Todas las familias están expuestas a situaciones de crisis normativas y no normativas: fallecimientos, separaciones, infidelidades. Entre otros, las familias constituidas por adopción no están fuera de estas situaciones, por tanto, deben ser preparadas para afrontar estos problemas vitales, sin vulnerar el derecho del niño que ya fue adoptado, en un marco de responsabilidad parental.

Quiero decir que, la estructuración de principios o marcos legales, ha revestido al adoptado de derechos, que pueden ser traspasados o vulnerados por las situaciones propias de las experiencias vitales, debiendo los organismos a cargo de velar por el cumplimiento de la ley (en este caso SENAME), ser capaces de tener la flexibilidad para afrontarlo, con reglamentos adecuados, profesionales idóneos.

Y para esto, debemos, mejorar los procesos de selección y contemplar a las nuevas conformaciones familiares, estudiarlas, trabajar con la sociedad civil, y educar en la responsabilidad que conlleva estar a cargo de otro ser humano, ya sea por una filiación natural (padres, madres y sus hijos), filiación adoptiva o cuidado personal.

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