Las mujeres subsidiamos la falta de políticas sociales




En Chile (según un estudio de la Subsecretaria de Economía en 2016) por cada 100.000 mujeres que ingresen al mercado laboral el PIB aumentaría un 0,6 %, aumentando considerablemente también los ingresos percibidos por pago de impuestos. Ante eso entonces, una de las preguntas que es importante contestar es: ¿Por qué las mujeres no ingresan al mercado laboral? y la repuesta, en más de la mitad de los casos, es porque están en tareas no remuneradas básicamente de cuidados de niños, tercera edad y enfermos. O sea, no sólo estamos subsidiando la falta de políticas sociales, sino que, además, esto perpetúa la desigualdad y la pobreza de las mujeres. Un ejemplo de esto es que se estima que en todo el mundo al menos 57 millones de trabajadores no remunerados, suplen con su labor los deficientes niveles de prestación de atención sanitaria. La mayor parte de estos trabajadores son mujeres que han renunciado a sus empleos para desempeñar este papel.

Está demostrado que las políticas que invierten en la economía de cuidados repercuten positivamente en el crecimiento económico, el empleo y la igualdad de género. Según una investigación realizada en siete países de la OCDE, se calcula que, si se invirtiese el 2% del PIB en servicios asistenciales, en este caso en asistencia social y atención a la infancia, el índice de empleo se incrementaría entre un 2,4% y un 6,1%.

Por ello la política social es también un imperativo económico, ya que estas políticas también favorecerían los índices de ocupación y el crecimiento. Asimismo, este tipo de inversiones podrían reducir la desigualdad económica que afecta a muchas mujeres que asumen la responsabilidad del trabajo de cuidados. Una de las condiciones habilitantes de la incorporación de mujeres al mercado laboral y, con ello a percibir ingresos, aumentar su autonomía, entre otros beneficios, es que se visibilice y forme parte de la agenda gubernamental la carencia de inversión en políticas públicas y de infraestructura en materia de cuidados.

De acuerdo con datos de la Encuesta Comunidad Mujer, aproximadamente un 28% de las mujeres que se declara inactiva lo hace por razones de cuidado de hijos y/o adulto mayor. Es decir, alrededor de 420.000 mujeres deciden no buscar trabajo por este motivo. No obstante, un 62,5% de ellas sí trabajaría si tuviese con quien dejar a sus hijos o adultos mayores, lo que significa que en este sub-grupo hay un potencial de incorporación de 262.500 mujeres a la fuerza laboral. La misma encuesta muestra que el 42% de las mujeres inactivas se dedica a los “quehaceres del hogar”.

Por todas estas razones creemos que el reciente anuncio realizado por el Gobierno en cuanto a la presentación de un proyecto de ley para la modificación al artículo 203 del código del trabajo, en el que se exige el beneficio de Sala Cuna cuando se emplea a más de 19 trabajadoras, va en la senda de lo que hemos expuesto, pero sin duda aún falta proponer políticas en materia de cuidados de enfermos y tercera edad.

Todo lo anterior no es sólo un imperativo ético y/o de servicios básicos que deberían ser garantizados por el Estado, sino, además, es un imperativo económico. Para graficarlo de manera sencilla los invito reflexionar sobre las siguientes interrogantes.

¿Ha cuantificado el Estado el déficit público en materia de cuidados?

¿Ha dimensionado la crisis social que implicaría que las mujeres abandonaran esta tarea?

¿Cuál es el aporte llevado a cifras que las mujeres hacen, por estar a cargo de niños y enfermos?

Por lo anterior, es posible afirmar que si existiera cobertura suficiente para estas necesidades y estas mujeres se integraran al mercado laboral, sin duda su aporte en productividad y en impuestos seria mayor a la inversión en este déficit. Debemos dejar de mirar estos temas sólo desde la perspectiva de la política social (que además es puesta en clave de “gasto público”) y ampliar la mirada respecto de la tremenda externalidad positiva que este tipo de políticas significan para la economía, la productividad y el crecimiento.

 

 Natalia Piergentili.

Administradora pública – Ex Subsecretaria de Economía.

 

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