Legalización y ley 20.000




La ley 20.000 es la que regula todo el tráfico de estupefacientes y drogas en general, inclusive la marihuana. El bien jurídico protegido por dicha ley, es la salud pública, es decir que con la venta de sustancias ilícitas se infiere negativamente en la salud de la población.

Junto con esto, la Constitución que es el órgano regidor de nuestro ordenamiento, nos otorga el derecho a tratar nuestras dolencias como nos parezca, esto fundado en la libertad que tenemos sobre nuestro cuerpo y de nuestra existencia. Bajo el mismo principio, actos como el suicidio u intento de suicidio no están penados por el ordenamiento jurídico, porque está dentro de nuestros derechos de libertad el tratarnos como se nos plazca.

Es aquí donde se produce la primera dicotomía entre la norma antes señalada y lo que viven miles de pacientes en la fundación Daya, quienes en carne propia ven como la cannabis medicinal les salva la salud, devolviéndole la calidad de vida que vieron mermada incluso con los caros fármacos convencionales.

Esa así como Niños y adultos mayores, ven en su cosecha de plantas la solución a sus dolencias, que junto a un correcto tratamiento de los médicos de la fundación, avanzan en entregar una mejor vida a todos esos pacientes.

Mientras en varios países se consolida incluso el consumo recreacional, en Chile la criminalización constante de las autoridades a esta realidad medicinal, se sintió patente en toda la comunidad Daya, con la condena dictada por el tribunal oral en lo penal de Quillota, que fuera de todo pronóstico, condenó por micro tráfico a un paciente que mantenía su cultivo medicinal, no solo menos preciando su derecho a automedicarse consagrado por la constitución, sino que además vulnerando todos sus derechos procesales al dictar sentencia condenatoria sin absolutamente ninguna prueba del delito que se le imputó.

Hoy esta pronta a salir del senado la ley de cultivo seguro, que permitiría a estos pacientes cultivar su medicina y ojalá constituir previa prueba, en el caso de irracionales acusaciones como las que hoy tienen a un joven profesional viviendo la peor de sus pesadillas, y viendo como su futuro se encuentra en manos de jueces con una especie de ceguera social, que no les permite distinguir donde termina el derecho a la salud y comienza el microtrafico.

Síguenos