Lo que realmente está en juego




Criminalización de la protesta social-el orden, o una democracia con justicia y participación.

A estas alturas, no hay persona ni sector político y social, en Chile, que pueda desconocer los siguientes hechos:

-A más de un mes, las protestas y movilizaciones siguen siendo multitudinarias, y recorren todo el país.

-Esas luchas sociales tienen contenidos y demandas que apuntan a mejorar, muy significativamente, los salarios; la salud; las pensiones; el empleo; todo ello fuertemente unido a una nueva constitución política, plebiscitada por el Soberano, mediante asamblea constituyente plenamente electa y compuesta por la ciudadanía. Su legitimidad no es cuestionada, salvo por reducidos sectores de peligrosa esquizofrenia antidemocrática.

-Desde un comienzo (no ahora), el gobierno ha intentado aplacar estas legítimas y muy masivas luchas sociales, con represión creciente. Incluso, la mayoría de las movilizaciones pacíficas. Lo que deja una secuela muy grave de violaciones a los derechos humanos, descrita por la mayoría de los informes de organismos internacionales con larga tradición en estas sensibles materias. Esta dramática situación, que ha generado una indignación mayoritaria en Chile, y en el exterior, no se refleja en su real dimensión en los hegemónicos medios de comunicación, y el gobierno y sus partidos insisten en minimizar y relativizar su gravedad, y desconocer su responsabilidad en estos hechos.

Un organismo de alcance mundial de profunda tradición mundial, que observó in situ la situación en Chile, ha concluido que ninguna de las personas matadas estaba ejerciendo violencia. (Amnistía Internacional).

-Efectivamente, especialmente en las últimas semanas, se producen incendios, asaltos, saqueos, destrucción en diversos lugares del país, la mayoría en centros comerciales, y cuyos mecanismos más que visibles son: 1) Grupos organizados, incluso que se movilizan en los territorios en vehículos muy bien apertrechados, violentan y abren recintos y locales. 2) Luego, cantidades significativas de personas que ingresan y roban, en la casi total impunidad.

Los grandes medios reproducen insistentemente estos hechos, mientras que la ciudadanía en las comunas y poblaciones reclama mayoritariamente abandono policial, y exige no relacionar esos saqueos, con las protestas sociales y sus demandas. Las denuncias de abandono, crecen.

Hasta ahora, el gobierno y sus partidos no han dado ninguna respuesta que se aproxime siquiera, a las demandas sociales que exige la mayoría ciudadana. Luego de más de un mes, el Ministro del Interior recibió a la Mesa de la Unidad Social (que forman las más importantes organizaciones de los movimientos sociales chilenos), para escuchar sus exigencias. Pero el poder ejecutivo insiste en imponer su agenda en el Parlamento.

El gobierno y sus partidos reiteran que el País necesita “orden”; que la institucionalidad “está en peligro”; demandan y exigen que se terminen las movilizaciones; y Piñera sigue tratando de imponer medidas tan violentas y antidemocráticas como volver a sacar a los militares a las calles, ahora con impunidad penal.

Más aún, amparándose totalmente en los hechos de vandalismo y saqueos, persiste en criminalizar las multitudinarias movilizaciones ciudadanas y populares; en incrementar el castigo represivo sobre la base de leyes, y en imponer un camino hacia una nueva constitución que limita y restringe severamente la participación del Soberano.

-Para ser claros, Piñera esto lo anunció e informó cuando dio a conocer las formas y contenidos del autodefinido acuerdo nacional, suscrito con una parte de las fuerzas políticas que se definen de oposición. Específicamente, en lo referido a lo que llamo “la paz que necesitamos”. En rigor, él advirtió y anunció, que venían medidas represivas y, “de orden”.

Para ser directos en el diagnóstico: En Chile, el poder del narcotráfico; del crimen organizado; ha crecido bajo los gobiernos de la concertación y de la derecha de Piñera.

Pero, esos flagelos alcanzaron niveles nunca antes conocidos en la historia contemporánea de Chile, bajo el imperio de la dictadura cívico-militar de la derecha y Pinochet. Claro, en dictadura, eso existía….incluso hubo enfrentamientos armados entre agentes de los aparatos represivos del estado, en disputa por el control de sus altísimas ganancias. Pero nada de eso era visible, salvo investigaciones periodísticas de destacados profesionales, que incluso publicaron libros sobre estas graves materias.

Ya en esta fatigada transición, esas denuncias periodísticas nunca fueron consideradas en su magnitud, y en su mérito. Pero existen.

Bajo los gobiernos “civiles” de la concertación y de la derecha, tanto el lavado de dinero; el control armado de territorios por parte de bandas del narcotráfico; y del crimen organizado, propiamente, han crecido en Chile.

Hay una marginalidad durísima, que afecta principalmente a jóvenes y niñas y niños. Son seres humanos abandonados por esta sociedad de consumo y extremadamente desigual. No son adultos. Su pervivencia en las comunas y territorios es durísima, cargada de violencias.

La incidencia de estos flagelos, en la economía del país, es altísima. La Unidad de Análisis Financiero (organismo público) da cuenta de que las operaciones bajo sospecha de lavado de dinero en bancos; casinos; tarjetas de transacciones, incluso en el sistema público, se ha incrementado en más de un cien por ciento desde el año pasado, hasta hoy. Eso, es mucho, mucho dinero. Y podemos hablar, sin problema, de una economía, en grado importante, intervenida por estos flagelos.

La élite criolla, hasta ahora, se refería a México, a Colombia, como “estados fallidos”. Con cierta prepotencia, mencionaban a los carteles de la droga de esos países, como causantes de crisis de dimensión político-institucional.

En nuestro país, los poderes políticos y económicos neoliberales; y los sistemas policiales y de persecución del delito….¿Nunca lo vieron?. ¿Nunca vieron venir la real dimensión de estos flagelos?.

En Chile, todavía existe una policía militarizada que simplemente está colapsada, y que fue militarizada bajo la dictadura, y en gobiernos civiles mantuvo ese sistema. No es que no disparen….disparan mucho, especialmente balines y gases. Incluso balas. El asunto es que no son una policía de estándares democráticos; y tampoco con sistema de inteligencia; prevención y represión a los hechos antes mencionados. No es menor que, hay varios casos, de procesos judiciales en curso, en donde se investiga la relación y asociación de uniformados con venta de armas; narcotráfico y bandas armadas. Tampoco la institución Fiscales y los Tribunales, en donde radica buena parte de la Administración de Justicia, dan cuenta y han respondido a la gravedad e intensidad de estas situaciones.

Cuando los grandes medios abren sus micrófonos a gente que pervive en los territorios, ellas y ellos dan cuenta de esta dramática realidad. No pocas y pocos alcaldesas y alcaldes gritan estas situaciones y demandan ayuda.

Entonces, lo que ha ocurrido en estos días, en nuestro país, es que estos fragmentos de mucho poder armado; económico y territorial, que existen hace décadas, desataron sus acciones especialmente en algunos territorios.

En este contexto, quienes insisten en la defensa cerrada del “orden social”, de “la democracia” realmente existente, y simultáneamente levantan una descalificación directa y frontal de las protestas; de las manifestaciones multitudinarias y de sus demandas, caen en una cobardía y una perversión antidemocrática.

Más aún, tratan de asociar a partidos políticos de izquierda y progresistas, que tienen una relativa incidencia en las movilizaciones y en el mundo social; una reducida presencia en el parlamento; con la falsa idea de que estimulan el “desorden social” y “hacen vista gorda” de estos flagelos, porque levantan un camino de superación del neoliberalismo. Esa acusación, en estos momentos, es de una regresión autoritaria y elitista que sólo busca justificar la defensa pretoriana del “orden social” que originó el estallido social.

La élite neoliberal no se hace responsable de que bajo sus gobiernos, estos flagelos con dimensión de poder; control social y fuerte incidencia económica, crecieron de una manera impresionante. Y hoy, eso ya no se puede ocultar.

Esa peligrosa posición de las élites neoliberales y reformistas del capitalismo salvaje, atávicamente contrarias a las transformaciones impulsadas por mayorías y multitudes, que defienden este “orden social” con descalificaciones y amenazas de condena, muestra sus propias regresiones autoritarias y sus bajísimos estándares democráticos.

Hoy, Chile se abre camino en una dirección democrática y de participación ciudadana y con justicia social. Nuestra patria requiere un estado democráticamente sólido; un acuerdo nacional soberano. Ciertamente, para también combatir flagelos que ni en dictadura, ni en gobiernos de la concertación y de la derecha, han sido enfrentados como reales peligros de la democracia.

 

 

 

 

 

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