Matrimonio Igualitario y obligaciones del Ejecutivo en la materia: ¿Obligación de medio o resultado?




El pasado 2 de octubre, el Ejecutivo mediante una minuta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”), declaró que se han cumplido los acuerdos adoptados por el Estado en 2016 en el marco de la solución amistosa a la que llegó con el MOVILH, ante la CIDH. El objetivo de dicho acuerdo fue poner fin a la demanda contra el Estado Chileno por denegación del matrimonio igualitario. Según la minuta, el gobierno no estaría obligado a impulsar el matrimonio igualitario.

Al respecto, es necesario recordar en el acuerdo de solución amistosa se fijaron tres puntos, siendo uno de estos el “Adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva”.

En esa minuta, el Ejecutivo señaló que si bien se promovió el matrimonio igualitario, “el Estado, a través del Ejecutivo, no podría haberse obligado a ejecutar una acción que compromete a otro Poder del Estado (Poder Legislativo)”. Ello contradice directamente la opinión 24/7  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual señaló que “es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio” y atenta además contra la esencia misma del acuerdo, existiendo un flagrante incumplimiento del Estado.

Para evidenciar lo anterior, conviene recurrir a la clasificación de obligaciones de resultado y de medios, toda vez que la diferencia entre éstas se fundamenta en la presencia o ausencia del resultado como parte de la prestación, objeto de la obligación.

La obligación del punto 3 antes descrito en relación al Estado Chileno se enmarca perfectamente como una obligación de medios. Es cierto que el Estado no se obligó a aprobar una Ley de Matrimonio Igualitario, obligación que habría sido imposible porque implica obligar a un poder del Estado que es independiente del Ejecutivo, como ocurre con el poder legislativo. Sin embargo, el Estado se obligó a “adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario”, lo que implica el despliegue de cierta actividad, la que por cierto debe ser diligente y apuntar a un resultado, que si bien no está garantizado, es el deseado.

En ese sentido, es difícil sostener que el Estado haya cumplido con esta obligación, pudiendo haber realizado una serie de actividades que no ha hecho, por ejemplo, promoviendo la discusión, fijándolo como parte del programa de Gobierno y/o calificar el proyecto presentado con una urgencia, acelerando su tramitación, como ejercicio de una potestad discrecional del Estado que en este caso es parte de la obligación asumida.

Más aun, numerosas personalidades de gobierno han hablado abiertamente contra el matrimonio igualitario.

En este sentido es obvio que el gobierno está incumpliendo deliberadamente el punto 3 del acuerdo que suscribió con el Movihl y frente a la CIDH, manteniendo una desigualdad legal injustificada que no permite a un cierto grupo de ciudadanos optar por el matrimonio. Desconociendo completamente los tratados internacionales suscritos.

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