Por qué se criminalizan las protestas en Chile




Desde el 18 de octubre del año 2019, Chile se desbordó por la acumulación de demandas colectivas, del mismo modo, se dio paso a reiteradas violaciones a los derechos humanos, perpetradas por Carabineros de Chile -cifras expuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su último balance a once meses del estallido social, presentado un total de 2.499 querellas, de las cuales 2.329 se rigen contra Carabineros-, situación que ha generado la furia entre la ciudadanía, sosteniendo que no se ha cumplido con el ejercicio del derecho de reunión señalado en la constitución.

En cuanto a la garantía constitucional, el artículo 19 Nº 13 de la Constitución Política asegura a todas las personas tienen: “El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía.”…

A lo anterior se debe agregar el Decreto Supremo N° 1.086 de 1983 del Ministerio del Interior que regula las reuniones públicas que son analizadas en el apartado siguiente. Asimismo, a nivel constitucional al regularse los Estados de Excepción Constitucional, se establece como principio en el artículo 39 que: El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.

Po tanto, durante este proceso, las demandas se han dejado escuchar en las calles de Santiago y en las diversas ciudades del país exigiendo mayor igualdad en nuestra sociedad, siendo estas marchas disuadidas con fuerzas inusitadas por parte de Carabineros con carros lanza aguas, lanzagases y elementos antidisturbios, provocando que organismos como INDH deban asumir roles protagónicos en la entrega de información dejando en evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos a lo largo de este periodo. Una de las querellas más visibles a nivel mundial, fueron las victimas con trauma ocular, habiendo un total de 460 denuncias -al mes de septiembre del año 2020-, de las cuales 35 personas han sufrido pérdida de un ojo y dos de ellas, con pérdida total de visión, siendo estos dos casos de conmoción nacional, que aún esperan por justicia.

Dentro de las cifras entregadas por INDH, además, están las querellas por homicidio, por tortura, balines, entre muchas otras. E inclusive, pocos días atrás, en las redes sociales se viralizó una seguidilla de videos que capturaron la imagen de un Carabinero acusado de “empujar” a un menor de edad (16 años) al lecho del río del puente Pío Nono -sin prestar auxilio-, exponiéndose la violencia y represión ejercida por esta institución. Rápidamente, el domingo 4 de octubre, el Juzgado de Garantía de Santiago tomando conocimiento de la situación, decreta prisión preventiva a Sebastián Zamora Soto, funcionario de Carabinero imputado por el delito de homicidio frustrado, ocurrido el 2 de octubre en el puente Pío Nono, con un plazo de investigación: de 120 días. No obstante, ante esta situación el gobierno representado por el Ministro del Interior llama a tener “tranquilidad y responsabilidad” frente a la investigación ya que “hay versiones contradictorias” de parte de la Fiscalía -no habiendo una postura clara frente a los hechos-. Cuatro días más tardes, el Presidente de la República Sebastián Piñera escuetamente señala lamentar lo ocurrido en el puente Pío Nono, “expresando que la vida humana y la dignidad de las personas es un valor esencial (…) junto con lamentar lo ocurrido quiero expresar nuestro profundo respaldo a Carabineros”.

Situación que no se hizo esperar y, los distintos sectores políticos, alzaron la voz, siendo la oposición quien puso un ultimátum al gobierno, señalando que no aprobará presupuestos a Carabineros para el año 2021, solicitando además la renuncia del general director de Carabineros Rozas, petición a la cual el gobierno le cierra la puerta, continuando con el espaldarazo no solo a la institución sino a quien la dirige.

Por tanto, la analogía se presenta, en cómo el gobierno y las entidades políticas -de algunos sectores- han criminalizado el ejercicio de derecho de manifestarse, llamando a quienes lo hacen como “violentistas”, asimismo, la represión que siente la ciudadanía y la falla de los protocolos utilizados por carabineros -que a todas luces no han funcionado-, pero continúan siendo avalados y apoyados fielmente por el gobierno, pasando por encima las grabes denuncias emitidas por la ciudadanía.

Es por esto, que con la idea de escribir una nueva constitución se tiene como esperanza la refundación de Chile, con mayor dignidad y un verdadero estado de derecho, eso también pasa por refundar todas las instituciones, estableciendo claramente sus limites de acción, deberes y también derechos.

 

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