Tareas pendientes en la fiscalización de infraestructuras




 

El derrumbe del puente Cancura, el desastre causado por ESSAL en Osorno y esta semana el derrumbe de Valparaíso tienen un punto en común, fueron tres incidentes extremadamente graves y con un impacto enorme en la ciudadanía, pero que no fueron causados por fuerza mayor, fueron situaciones que perfectamente se podrían haber previsto y evitados, situaciones en los cuales el Estado no alcanza, fue negligente en su fiscalización y en los cuales seguramente habrá una bajísima o quizás inexistente rendición de cuentas.

Nos encontramos ante un sistema público de fiscalización debilitado, con Municipios faltos de recursos, Superintendencias que esquivan su rol e incluso en algunos sistemas de fiscalización del Estado que tienen una estructura supuestamente más robusta como en el caso de las Concesiones de Obras Públicas, su máxima autoridad no tiene problemas en remover a los fiscalizadores cuando a las empresas les son incómodos o multan por los incumplimientos de las empresas, tal como lo indicase El Mostrador a mediados de 2018.

La I. Municipalidad de Valparaíso ha indicado que existen al menos 700 inmuebles identificados como en estado ruinoso, para cuya demolición el alcalde Jorge Sharp ha indicado que existe una insuficiente cantidad de recursos. Estos decretos son debido a daños estructurales, pero en la mayoría de los casos, los alcaldes tampoco tienen como hacer cumplir un decreto de demolición cuando una inmobiliaria transgrede gravemente la normativa urbana, cuando se crean densificaciones irregulares en terrenos en las poblaciones periféricas, como está ocurriendo cada vez con más frecuencia, cuando se realizan obras como las del Cerro San Cristóbal en las cuales se ha causado un evidente daño ambiental y con derrumbes hacia las propiedades vecinas, sin que hasta el momento se haya dado una rendición de cuentas claras sobre estos eventos.

Falta de recursos de fiscalización por parte de las instancias competentes cuando ocurren daños a la infraestructura de puentes y carreteras con las extracciones ilegales de áridos o cuando empresas provocan graves daños a la salud con evidentes transgresiones la norma ambiental.

Esta fragilidad del Estado en estos aspectos, no se condice con nuestras expectativas de desarrollo, va a dar lo mismo que nos sintamos orgullosos de nuestro Estado planificador o si somos capaces de atraer mayores inversiones o de crear mayor número de asociaciones público privadas, si no somos capaces de fiscalizar las condiciones de nuestras estructuras, los daños ambientales o los servicios concesionados, va a dar lo mismo la discusión de si caducamos una concesión o si volvemos las sanitarias al Estado, si no somos capaces de fiscalizar las condiciones y calidades de servicio, si luego de la promesa del expediente de caducidad el Gobierno no hace una transparente y pública rendición de cuentas del proceso, si los alcaldes no tienen recursos financieros y técnicos para hacer cumplir los decretos de demolición o el cumplimiento de la norma o si ponemos al frente de la Dirección General de Concesión a un ex gerente de una Concesionaria que no entiende que hoy su rol es ser fiscalizador y no ser garante de los intereses de su contraparte.

Por eso tenemos una discusión pendiente en términos de desarrollo, cuál es el rol de la fiscalización del Estado en la calidad y seguridad de la vivienda, una fiscalización eficiente y con recursos a las empresas constructoras y concesionarias de obra pública y servicios, el robustecimiento y resguardo del rol de los Inspectores Fiscales, el cumplimiento de las funciones y mandato de las Superintendencias; tenemos una discusión pendiente en si el modelo de y los recursos de fiscalización son hoy suficientes, que en mi opinión personal y a la vista de los hechos está quedando permanentemente corto para atender los requerimientos; poner en la discusión pública que en términos de infraestructura el mercado tampoco se autorregula, entregarse una fiscalización con recursos humanos y materiales suficientes, resguardando adecuadamente el tránsito entre fiscalizador y fiscalizado por parte de las autoridades, con una adecuada protección del empleo público de los fiscalizadores por parte de la Contraloría, impidiendo estar expuestos a los telefonazos de los abogados de las empresas a las jefaturas, un eficiente sistema de resolución de controversias entre las empresas y el Estado, pero que a su vez sea transparente y con rendición de cuentas a la ciudadanía.

Es la resolución de estas materias pendientes y el fortalecimiento de las confianzas lo que permitirá avanzar de manera sólida y permanente en el fortalecimiento del el modelo de asociación público privada en materias de infraestructura no tener que estar dando permanentemente atención solo a los desastres que en estas materias solo debilitan las confianzas y provocan daños humanos y materiales que cada vez nos prometemos no repetir.

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