Una puerta abierta: Fuerzas Armadas en labores policiales




El pasado 22 de abril de 2020, el Intendente de la Región Metropolitana Felipe Guevara anunció que frente al aumento de delitos violentos y robos con intimidación, las Fuerzas Armadas apoyarán labores policiales de una forma preventiva. Esta medida, precisó, se debe al aumento de la inseguridad y al contexto de Estado de Catástrofe donde las instituciones castrenses tienen la misión de resguardar el orden público.

En este contexto, el anunció no generó mayores cuestionamientos, pues el foco al parecer se encuentra en la emergencia sanitaria. Sin embargo, el rol de las Fuerzas Armadas ha sido un debate que se ha desarrollado profundamente desde los primeros años de la transición. Años grises, donde la democracia se encontraba limitada por enclaves autoritarios y por la figura política de Augusto Pinochet aún en la Comandancia en Jefe del Ejército.

A pesar de ello, en 1997 se publicó el primer libro de la Defensa Nacional que entregó las directrices de los planes de modernización de las instituciones castrenses, enfatizando en la separación de los roles de seguridad y defensa. La publicación del segundo libro en 2002, entregó además el contenido para dicha separación, promoviendo la disuasión y profesionalismo en las funciones de los soldados. Asimismo, en el año 2006 se publicó la Ordenanza General del Ejército de Chile que delimitó el rol de los uniformados, entendiendo la subordinación al poder civil como un objetivo clave para los tiempos de paz. De esta manera, se impulsó una política que buscó  separar las funciones de seguridad y defensa.

No obstante, en el año 2010 bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera se volvió a plantear la necesidad de colaboración de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, redefiniendo roles y objetivos en el combate a la delincuencia. Asimismo, ya en el segundo gobierno de la derecha, la definición de un enemigo poderoso se tornó una práctica recurrente en el discurso oficial y la necesidad de endurecer medidas represivas para la solución a estas problemáticas.

En ese marco, ocurre el 18 de octubre de 2019, la movilización social inundó el espacio público y la respuesta del Ejecutivo fue la utilización de las Fuerzas Armadas para reprimir a los manifestantes. Quienes creímos en las definiciones de soldados profesionales para tiempos de paz, observamos la dura realidad de la represión que cometieron en contra la sociedad civil y entendimos la poca profundidad de dichos principios entre los militares.

Por ello, debemos ser críticos del anuncio de Felipe Guevara,  pues en este contexto de Estado de Catástrofe, esta medida pudiese parecer lógica e inofensiva pero establece las bases para un trabajo coordinado entre las instituciones castrenses y las policías, que potencialmente podría utilizarse con fines políticos y represivos una vez que se reanuden las movilizaciones. Involucrar a las Fuerzas Armadas en funciones policiales no sólo erosiona el principio de la subordinación al poder civil, sino que al otorgar a estas instituciones labores policiales, se atenta contra los derechos humanos de la ciudadanía, exponiendo a la población a mayores y más profundos niveles de represión.

El peligro de una puerta abierta que será muy difícil volver a cerrar.

Síguenos